Este martes 29 de noviembre de 2025, el gobierno nacional que encabeza Milei firmó el contrato de transferencia de acciones de IMPSA a un consorcio liderado por la firma estadounidense ARC Energy.
La operación implica que ARC Energy pagará USD 27 millones por la empresa. Además, se compromete a asumir USD 576 millones de deuda que arrastra IMPSA, con un cronograma de capitalización que prevé desembolsos por etapas hasta el primer semestre de 2026.
IMPSA, especializada en equipamiento energético e infraestructura, había sido nacionalizada en 2021 tras una grave crisis financiera. En aquel momento, el Estado —vía fondo fiduciario— quedó con el 63.7 % del paquete accionario, mientras la provincia de Mendoza tenía otro 21.2 %. Ahora ese control estatal queda en manos privadas.
El traspaso representa un hito: es la primera privatización de gran envergadura concretada bajo el mandato de Milei, un gobierno que desde su campaña prometió que “todo lo que pueda privatizarse, se privatizará”.
La movida no se limita a IMPSA. En paralelo, el gobierno ha lanzado procesos de privatización o concesión sobre empresas públicas de servicios esenciales —como agua, energía, transporte y vías férreas— bajo la normativa aprobada por la ley marco del oficialismo.
Este sacrificio del patrimonio estatal implica riesgos concretos: pérdida de control sobre infraestructura estratégica, posible aumento en los precios de los servicios, vulnerabilidad ante intereses privados, y la pérdida de una herramienta del Estado para garantizar soberanía energética y autonomía industrial. Con IMPSA, no solo se vende una empresa; se entrega una pieza clave para el desarrollo económico y productivo del país.
Datos recientes
El contrato de venta de IMPSA se firmó el 29 de noviembre de 2025.
ARC Energy pagará USD 27 millones y se hará cargo de USD 576 millones de deuda.
Esta operación marca la primera privatización de gran escala concretada por el gobierno de Milei.
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